Por Facundo Ríos y Sofía Ávila.
Cada vez que instalamos los stands de prevención y las mesas informativas de SAVIA en el territorio, la escena se repite: al mostrar los distintos insumos, la mayoría de las mujeres —incluso las más jóvenes— se sorprende al ver el condón interno. El preservativo externo (el de pene) forma parte de lo cotidiano: circula, se pide y ocupa un lugar naturalizado en la prevención sexual. El condón interno, en cambio, sigue siendo un gran desconocido; existe, pero rara vez se busca o se solicita de manera espontánea.
Esta asimetría en la demanda excede la mera preferencia individual; funciona como un síntoma de sesgos más profundos. Aunque el condón interno es una alternativa eficaz de barrera contra embarazos e infecciones de transmisión sexual, su principal valor político radica en que otorga a las mujeres soberanía directa sobre su propia protección. Que una herramienta diseñada para ampliar la autonomía sexual siga siendo marginal, difícil de encontrar y escasamente difundida evidencia una falla en dos dimensiones interconectadas: la política pública y la matriz cultural.
En el plano institucional, la política de salud sexual no se agota en la inclusión formal de un método en un catálogo, sino en su disponibilidad efectiva en los territorios y en la garantía de su acceso. En el plano cultural, la prevención se ha estructurado históricamente en torno al cuerpo masculino y al condón tradicional, mientras que el dispositivo interno permanece relegado a la categoría de lo excepcional. Esta invisibilización reproduce una lógica patriarcal donde la capacidad de decisión sobre el cuidado continúa subordinada a la intermediación o a la costumbre.
Garantizar el acceso al condón interno no busca imponer su uso sobre otras alternativas, sino asegurar la posibilidad real de elección. En el marco del Día Internacional del Condón Femenino, la discusión debe trascender el insumo para cuestionar por qué ciertas herramientas de autonomía permanecen invisibles. La prevención de la salud sexual no puede limitarse a la gestión del riesgo; debe constituirse como una política pública que entregue información, desmonte prejuicios y garantice condiciones materiales para el ejercicio pleno de la autonomía.