En las próximas elecciones, Chile se enfrenta —otra vez— a una encrucijada política que no trata sólo de frenar la delincuencia, garantizar más trabajo y seguridad, fortalecer economías o de gestión: es una decisión sobre el tipo de sociedad que queremos ser.
Por Facundo Ríos.
En la papeleta del 16 de noviembre no sólo va un nombre, va un estilo de país. Y para las diversidades sexuales y de género, para quienes defienden los derechos humanos y para las personas que viven con VIH, la opción de que triunfe una derecha conservadora, que simpatiza con el autoritarismo, no es una simple contingencia electoral: es una alerta roja encendida a todo volumen.
Se sabe cómo se construye este guion. Al inicio se dice que “no queremos ideologías de género”, luego se impulsa una ley que limita la educación sexual integral, después se recorta el presupuesto de salud y, finalmente, se normaliza la estigmatización institucional de quienes son diferentes. Lo hemos visto una y otra vez: el discurso de “volver a lo esencial” siempre termina borrando a quienes no encajan en su idea de lo “normal”.
Lecciones regionales que no deberíamos ignorar
Lo que está haciendo Javier Milei en Argentina no es gobernar, es desmantelar derechos conquistados. Bajo el disfraz de “libertad”, reinstala el miedo, borra identidades y legitima el odio como política de Estado. Su gestión demuestra que el autoritarismo puede vestirse de neoliberalismo y seguir siendo igual de cruel.
En Brasil, bajo el ciclo Bolsonarista, más de 200 proyectos legales intentaron prohibir la enseñanza de temas de género y sexualidad en las escuelas. En algunos estados incluso se aprobó la prohibición del lenguaje inclusivo, todo en nombre de la “defensa de la familia”.
Y en Europa, los gobiernos de Hungría y Polonia demostraron que la regresión puede institucionalizarse: leyes que prohíben hablar de diversidad frente a menores, censura en medios, y creación de “zonas libres de LGBT”. Así se legaliza la discriminación, paso a paso, decreto a decreto.
En Centroamérica, modelos autoritarios como el de El Salvador mostraron que cuando se usa el discurso de la seguridad para concentrar poder, lo primero que se restringe es la acción de la sociedad civil. Menos espacio para organizaciones, más miedo para activistas, y un silencio impuesto que termina por sofocar toda resistencia.
¿Y qué podría pasar en Chile si gana la ultraderecha?
No hace falta demasiada imaginación para saber hacia dónde podría inclinarse el viento. Ya lo hemos visto antes, en otros lugares, en otros momentos. La educación sexual integral volvería a ocupar el lugar del enemigo público, convertida otra vez en campo de batalla ideológica, señalada por quienes prefieren el silencio a la información y el miedo a la conversación.
Los viejos discursos sobre la “defensa de la familia natural” se instalarán con fuerza, discriminando entre las familias que encajan de aquellas que no, como si hubiera una sola forma legítima de amar o de construir hogar.
Un gobierno antiderechos pondría en riesgo las políticas de prevención del VIH al sustituir educación por moral y derechos por silencios. La abstinencia volvería a presentarse como política pública, invisibilizando a las diversidades y debilitando la confianza en el sistema de salud. Cuando se censura hablar de sexualidad, el VIH deja de prevenirse. Y donde hay miedo, siempre avanza el virus.
Mientras tanto, las organizaciones que sostienen el trabajo en los territorios, esas que llegan donde el Estado no llega y que tantas veces actúan como su reemplazo, quedarían cada vez más solas, expuestas y vulnerables. Porque cuando se debilita la política pública, lo primero que se resiente no es la estructura del Estado, sino la respuesta social que sostiene la dignidad de quienes más la necesitan.
Esto ya pasó en otros países. No es exageración ni alarmismo: es una observación política basada en experiencia comparada. Los retrocesos comienzan con palabras, se consolidan con decretos y se perpetúan con indiferencia.
Los viejos discursos sobre la “defensa de la familia natural” se instalarán con fuerza, discriminando entre las familias que encajan de aquellas que no, como si hubiera una sola forma legítima de amar o de construir hogar.
No da lo mismo por quién votamos. Cada voto es una decisión que puede fortalecer o debilitar los derechos, las políticas públicas y la convivencia democrática. Votar con conciencia implica mirar más allá de los eslóganes, reconocer las trayectorias, las convicciones y los compromisos reales de quienes aspiran a representarnos. Si queremos avanzar como sociedad, necesitamos hacerlo desde la responsabilidad colectiva de elegir a quienes trabajan por la equidad, la justicia y el bienestar común, no a quienes reproducen privilegios o desigualdades.
El programa del candidato del Partido Nacional Libertario: Johannes Kaiser revela un proyecto político que, bajo el discurso de la “Batalla Cultural”, busca reinstalar una moral única y un orden social donde la diferencia vuelve a ser sospechosa. Propone eliminar la llamada “ideología de género”, borrar el lenguaje inclusivo y suprimir de la gestión pública cualquier política de equidad o diversidad sexual. Pretende revisar bibliotecas y retirar libros infantiles con “contenido sexual o ideológico”, en un gesto que recuerda más a la censura que a la educación. Todo ello se disfraza de defensa de la familia y del “desarrollo humano”, pero lo que hay detrás es un intento de domesticar la pluralidad, reducir a las mujeres a la maternidad y subordinar la sexualidad a valores religiosos. En esa lógica, las políticas de salud y prevención del VIH quedan atrapadas en una mirada moralizante, donde el cuerpo deja de ser un derecho y vuelve a ser un territorio vigilado.
Además, las declaraciones de Kaiser sobre el aborto confirman una visión profundamente conservadora y moralizante del cuerpo y de los derechos reproductivos. En una reciente entrevista, el candidato señaló: “no voy a entrar como Herodes a Chile siendo un presidente que apoye una ley de aborto libre”, reduciendo un debate de salud pública y derechos humanos a un relato religioso cargado de culpa. Kaiser afirmó además que “cambiaría” la actual ley de aborto en tres causales, específicamente en la causal de violación, argumentando que “no se está denunciando a los violadores”. Detrás de esa afirmación, lo que se revela es un desprecio por la autonomía de las mujeres y una negación de las violencias que enfrentan. Su postura no busca proteger la vida, sino imponer una moral única que desconoce las realidades complejas de quienes viven esas decisiones en condiciones de vulnerabilidad.
Por otro lado, el candidato Republicano José Antonio Kast representa una visión de país profundamente regresiva en materia de derechos humanos. Su programa propone eliminar el lenguaje inclusivo, borrar las políticas de género de la gestión pública, revisar libros infantiles con “contenido sexual o ideológico” y derogar la ley de aborto en tres causales. Rechaza el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y cualquier avance en derechos de las personas LGBTIQ+, a quienes suele referirse como parte de una “ideología” a erradicar. En salud, ha calificado como un “fracaso” los programas de prevención del VIH centrados en el uso de preservativos, y promueve una educación sexual basada en espiritualidad y biología tradicional. Su cercanía con líderes de la ultraderecha global como Vox, Bolsonaro y Milei, y su alianza con sectores evangélicos y católicos conservadores, completan un proyecto político que no sólo busca ordenar, sino disciplinar, borrar y someter toda forma de diferencia.
No es retórica, es supervivencia
El próximo 16 de noviembre no se trata sólo de quién gana o pierde. Se trata de qué derechos quedan en pie después. Ojalá los derechos humanos no dependan de la buena voluntad de quienes prometen “orden” y entregan censura.
Esperamos que la libertad, la diversidad y la dignidad sigan siendo regla, no excepción.
Porque si después despertamos en un país que retrocede décadas en nombre de la moral, que no digan que no lo vimos venir.
Fuente: CorresponsalesClave.