Garantía extendida: Natalidad, cuidados y libertad para decidir.

Hay palabras que ya no se pueden usar sin que otra se atraviese. Digo “garantía” y aparece un electrodoméstico, un vendedor de retail ofreciendo “garantía extendida” por un precio que huele a cualquier cosa menos a algo garantizado. El comercio se quedó con la palabra y nos dejó la boleta, pero antes de ser un trámite de tienda, garantizar era asegurarse de que lo prometido iba a cumplirse… así de simple.

Por Sebastián Villagra.

Pasemos a los números: en 2025, según cifras del Banco Mundial citadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la tasa global de fecundidad en Chile llegó por primera vez a 0,99 hijos por mujer, y tanto en la sobremesa nacional como en los medios de comunicación se llenó de hipótesis: “que los jóvenes no quieren, que la modernidad hace que no quieran tener hijos, que el egoísmo de los jóvenes”. El sondeo “Fecundidad en Chile” del INJUV hizo algo particularmente simple: preguntarles. El 75% de quienes aún no tienen hijos declara que desea tener al menos uno, y el 68% espera tenerlos en el futuro. Tres de cada cuatro rechazan que no tenerlos sea motivado por el egoísmo. Y, sin embargo, el 76% considera que tener hijos supone una carga económica y/o de recursos difícil de asumir, mientras el 64% cree que madres y padres no reciben suficiente apoyo de la sociedad para criar. Entre querer y esperar hay una distancia. Esa distancia también habla de las condiciones en que se decide.

Traduzcamos: no es que no quieran, es que no pueden.

En salud sexual y reproductiva, estas conversaciones no son extrañas. Una persona joven puede decir que quiere tener hijos y, al mismo tiempo, explicar por qué hoy no puede imaginarlos: el arriendo, el trabajo, la falta de redes, el costo de la crianza. Esa contradicción no es una anomalía que deba corregirse. Es, precisamente, una de las condiciones en que hoy se ejerce el derecho a decidir.

La fecundidad puede aparecer en una tabla como hijos por mujer, pero ocurre en cuerpos concretos, en embarazos diversos, en controles de salud, en trabajos que permiten o no ausentarse, en redes familiares que existen o no, y en sistemas de cuidado que pueden aliviar o profundizar esa carga.

Similar a lo que pasa con “garantía”, ocurre con otra palabra: natalidad. La demografía se la quedó, la metió en un Excel y la convirtió en un indicador. Hannah Arendt no entendía la natalidad simplemente como el hecho biológico de nacer, sino como la capacidad humana de comenzar algo nuevo. Cada nacimiento introduce en el mundo a alguien que no estaba antes y, con él, una infinidad de posibilidades.

Para alguien que piensa el nacimiento desde la obstetricia, esta distinción no es menor. El nacimiento puede medirse como evento demográfico, pero también pensarse como la llegada de alguien cuyo curso de vida es dinámico. El problema aparece cuando el Estado mira ese nacimiento únicamente como una cifra que necesita aumentar, porque entonces se corre el riesgo de olvidar algo bastante básico: antes de ser una variable demográfica, tener hijos es una decisión puramente contextual. Y decir que una persona es libre para decidir cuántos hijos quiere tener no significa que todas las personas dispongan de las mismas posibilidades materiales para ejercer esa libertad. Existe una diferencia entre reconocer formalmente una decisión y hacer posible que esa decisión pueda llevarse a cabo, y es justamente ahí donde la política de natalidad se encuentra con la política social.

El Ejecutivo dice querer remover las barreras económicas, laborales, de cuidado y de salud que impiden tener hijos a quien los desea. Decirlo es gratis, el drama empieza en el bolsillo. Un estudio de Clapes UC calculó que criar a un hijo hasta los 25 años cuesta, solo en alimentación, educación, salud y vivienda, unos 78 millones de pesos en el quintil de menores ingresos. A ese número se le suma otro que no aparece en ningún presupuesto familiar: lo que dejan de ganar las madres por cuidar. Hasta el título del estudio pregunta si tener hijos es “buen negocio”… al parecer la palabra también se la quedó el mercado. ¿La medida estrella del gobierno? Un bono único de 30 mil pesos. Esto no es una política pertinente, es una burla.

Mientras tanto, el mismo gobierno recorta presupuestos en salud, que es donde habitan la consejería en salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. Prometer condiciones y recortar los medios para crearlas es pretender que el discurso produzca por sí mismo las condiciones materiales de su realización.

El Estado puede intervenir de muchas maneras en la reproducción. Puede intentar orientar las decisiones, puede limitarse a medirlas o puede intervenir sobre las condiciones que las hacen posibles. Las dos primeras son relativamente fáciles de reconocer, pero la tercera es bastante más incómoda, porque obliga a hablar de vivienda, salarios, cuidados, salud y desigualdad. También obliga a aceptar algo que a veces se pierde en la discusión sobre la natalidad: garantizar la posibilidad de tener hijos no significa conseguir que las personas los tengan.

Garantizar se mueve en una escala diferente. Y probablemente sea lo más difícil, porque exige intervenir sobre las condiciones sin apropiarse de la decisión.

Un derecho, sin embargo, no existe solamente porque sea reconocido en el papel. Requiere instituciones capaces de hacerlo efectivo. Y ahí aparece una responsabilidad estatal que va más allá de declarar que las personas son libres para decidir: también implica construir condiciones materiales para que esa libertad no sea puramente una formalidad. Pero esas condiciones tampoco se distribuyen de manera neutral. El cuidado sigue recayendo principalmente sobre las mujeres, y con él una parte importante del costo que supone tener hijos: tiempo, ingresos y oportunidades. Desde la salud y particularmente desde la obstetricia, esto no es una cuestión abstracta. Las consecuencias económicas y sociales de la reproducción se distribuyen de manera desigual. Por eso, si el Estado pretende remover las barreras que dificultan tener hijos, también tiene que hacerse cargo de quién soporta realmente esas barreras. Tener hijos no puede convertirse en una obligación, pero tampoco puede significar que sean las mujeres quienes carguen con la mayor parte del peso de una decisión que se presenta como socialmente deseable.

Mientras una persona siga diciendo “sí quiero, pero no puedo todavía”, la discusión sobre natalidad seguirá incompleta. Podemos seguir contando nacimientos, pero eso no nos habla sobre las condiciones en que las personas están decidiendo tenerlos.