En los primeros días de julio, sectores parlamentarios antiderechos de Chile presentaron el proyecto “Ley Latidos”, una iniciativa que pretende condicionar el acceso al aborto legal a la escucha obligatoria de la frecuencia cardíaca fetal. Esta propuesta no solo reinstala la disputa sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, sino que sienta un peligroso precedente: el uso del sistema de salud para direccionar decisiones personales mediante la manipulación emocional.
Por Facundo Ríos.
Se ha dicho que el proyecto busca entregar más información a las mujeres que enfrentan una interrupción del embarazo bajo las tres causales contempladas por la ley. Sin embargo, una lectura atenta muestra otra cosa. La información clínica ya existe. El diagnóstico ya fue realizado. La decisión médica ya ha seguido el procedimiento establecido. Lo único que la iniciativa agrega es una obligación: antes de continuar, la mujer deberá mirar la ecografía y escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal.
La escena
El pasillo huele a desinfectante y las luces blancas eliminan cualquier rastro de la hora; podrían ser las nueve de la mañana o las tres de la madrugada, en los hospitales el tiempo siempre parece suspendido. Una camilla cruza lentamente frente a ella mientras dos profesionales con uniforme clínico conversan en voz baja antes de desaparecer tras una puerta. Desde alguna sala llega el pitido intermitente de un monitor y por un parlante alguien pronuncia un nombre que no es el suyo. Ella espera. No sabemos qué piensa, si siente miedo, alivio o ambas cosas a la vez, ni deberíamos inventarlo; lo único cierto es que está allí. Y cuando por fin la llaman para entrar al box, antes de que el procedimiento continúe, alguien le indica que debe mirar una pantalla y escuchar un latido: no porque sea necesario para su atención médica, sino porque la ley lo exige.
Existe una línea ética que ninguna democracia debería cruzar: utilizar la vulnerabilidad emocional como herramienta de política pública y convertir un procedimiento sanitario en una ecografía de la culpa. Cuando el Estado diseña deliberadamente una experiencia para provocar angustia, miedo o arrepentimiento con el fin de intervenir en una decisión reconocida por la ley, abandona su deber de resguardar a la persona y comienza a instrumentalizar su sufrimiento; por eso no es casual que diversas organizaciones de derechos humanos adviertan que este tipo de mecanismos constituyen formas de violencia y tortura psicológica.
Ante este escenario, resulta indispensable atender a las alertas del Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS). Desde la convergencia entre academia, activismo y organizaciones territoriales, el OEGS ha calificado este proyecto como una intromisión ética inaceptable y una forma de violencia y tortura psicológica que busca culpabilizar y vulnerar el derecho a decidir bajo las tres causales. Su pronunciamiento interpela al Ministerio de Salud y a las autoridades sanitarias a romper la omisión y respaldar con firmeza la evidencia científica, la ética asistencial y las garantías de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.
Escuchar las voces técnicas y comunitarias que defienden una salud pública sin coacciones ideológicas no es solo una postura frente al aborto; es un imperativo ético para resguardar la dignidad y la democracia.
Fuente: CorresponsalesClave.