Columnas de opinión

La ley Antidiscriminación y las trabajadoras sexuales: Una omisión injusta

Patricio Hidalgo Gorostegui, abogado coordinador Oficina de Antidiscriminación de la  Municipalidad de Santiago.

Agosto de 2013

Incluso dentro de los amplios márgenes que dispone la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, las trabajadoras sexuales no son un grupo que se mencione como especialmente vulnerable. Esto, si bien no implica que la ley no las proteja, pues el listado del artículo segundo de dicho cuerpo legal es meramente ejemplar, demuestra que ciertos tabúes que el legislador dejó de tener a la vista frente a otros grupos vulnerables, como los pertenecientes a la diversidad sexual, persisten frente a ellas como un resabio de intolerancia.

Es evidente que una parte de nuestra sociedad se resiste a considerar que detrás de esta opción laboral hay una persona que como tal es receptora de derechos e igual en dignidad a todos nosotros. Paradojal resulta que, mientras sacerdotes como el padre Alfonso Baeza son fervientes partidarios de esta visión, sectores supuestamente liberales o progresistas no lo expliciten en el debate público.  

Especialmente preocupante es que, en muchos casos, las trabajadoras sexuales pertenecen a varios grupos vulnerables al mismo tiempo. Junto a una probable situación socioeconómica desmedrada, existe un alto número de población migrante que encuentra en esta opción laboral una posibilidad de subsistencia. Adicionalmente, la prensa encuentra en ellas una estrategia para generar imágenes que impacten a las audiencias, repitiéndolas hasta el hartazgo, y supuestos expertos en seguridad no dudan en sindicarlas a ellas como culpables exclusivas de la inseguridad de un barrio determinado.

Tan lapidario diagnóstico no desanima a las mujeres que, desde hace años, han hecho de la Fundación Margen un actor primordial en este debate. Desde la oficina antidiscriminación de la Municipalidad de Santiago, he encontrado siempre en esta Fundación una perspectiva apasionada e informada sobre la situación actual de las trabajadoras sexuales y sus vías de desarrollo. Sin el consejo y noticias que ellas me otorgan, sabría mucho menos acerca de esta realidad. Y, por si esto fuera poco, he contado siempre con “línea directa” con su presidenta, Herminda González, un ejemplo de consecuencia y lucha que, con su solo testimonio, constituye un ejemplo para todos quienes pretendemos construir, desde nuestra posición, una sociedad donde la diversidad sea celebrada.

El mandato legal de la denominada Ley Zamudio es extraordinariamente amplio. Una oficina como la que dirijo debe dedicarse con igual celo a agrupaciones tan diversas como las madres de niños con autismo, las de los distintos pueblos originarios o las de diversidad sexual. En nuestro último encuentro, compartimos con 29 agrupaciones distintas directamente involucradas con esta ley. Esa diversidad, que celebramos, constituye también una dificultad a la hora de distribuir nuestros escasos recursos humanos.

La misma Fundación Margen ha sido testigo de esto, cuando no hemos podido avanzar con la celeridad que querríamos en sus prioridades. Pero abrigamos fuertes esperanzas con respecto al futuro cercano. Así como el pasado martes 20 de agosto la Municipalidad de Providencia inauguró su oficina de la diversidad, siendo diez las municipalidades que actualmente la han conformado, la mayoría de los candidatos a la presidencia que se miden en noviembre próximo han incluido en sus programas de gobierno una institucionalidad ambiciosa que se avoque al efectivo cumplimiento de la ley 20.609. Tenemos la convicción de que, en ese lento pero persistente camino, la Fundación Margen seguirá siendo un referente ineludible.

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